RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL UPYD

1 - REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DE LA LEY ELECTORAL
1 – Cierre de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, pasando al Estado las siguientes competencias estratégicas, exclusivas e
intransferibles: Educación, Servicios y prestaciones sanitarias, Cooperación exterior,
Planificación territorial, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
2 – Supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra.
3 – Supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos
de los territorios forales.
4 - Reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara de representación territorial
y negociación de los intereses de las Comunidades Autónomas.
5 - Adaptar la disposición transitoria 5ª sobre Ceuta y Melilla a su realidad jurídica
actual como ciudades autónomas.
6 – Eliminar la distinción entre “nacionalidades y regiones”, todas deben ser
“Comunidades Autónomas y ciudades autonómicas”.
7 - Suprimir el art. 3.3 CE que declara las lenguas cooficiales “objeto de especial
respeto y protección”, porque favorece las imposición y discriminación lingüística.
8 - Suprimir la segunda oración del art. 16 (libertad religiosa) apartado 3 CE, para
dejarlo así: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Nos comprometemos a
impulsar el desarrollo de políticas dirigidas a la laicización progresiva del Estado.
Mejora de la separación de poderes
1 - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe volver a los criterios de elección
de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, para evitar que los partidos
parlamentarios decidan su composición a través de sus jueces representantes.
2 - El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados; los 3 nuevos magistrados
los elegirá el Consejo General del Poder Judicial.
3 - El Fiscal General del Estado se elegirá por los mismos criterios (mayoría de 3/5 del
Parlamento) que el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Ley Electoral
1 - Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, incrementando
el Congreso en 50 diputados, hasta 400, para mejorar la proporcionalidad.
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2 - Rebajar el mínimo de representación de dos a un diputado por circunscripción.
3 - La Comunidad Autónoma será la circunscripción electoral. Proponemos estudiar
fórmulas para el Congreso de un distrito único a nivel nacional para la elección de una
parte de sus 400 diputados.
2 - REGENERACION DEMOCRATICA
1 - Los poderes públicos deberán proteger la igualdad de derechos y oportunidades de
los ciudadanos sin discriminación alguna, que sólo puede estar garantizada si dichos
poderes adoptan una posición de neutralidad en cuestiones identitarias. En
consecuencia, toda política orientada al adoctrinamiento en materia de identidad
comunitaria –nacionalista, racial o religiosa- deberá considerarse una intromisión
ilegítima de los poderes públicos en el ámbito privado y un atentado contra la libertad
de pensamiento.
2 – Defendemos un bilingüismo natural y voluntario. Todas las lenguas deberán ser
reconocidas en pie de igualdad en los territorios donde sean oficiales, sin que el uso de
una u otra pueda ser motivo de discriminación en ningún ámbito, incluidos el educativo
y el cultural. Se deberá respetar el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua oficial
en la que deseen expresarse, tanto en el ámbito público como en el privado.
3 - Sustitución de los actuales acuerdos entre España y el Estado Vaticano por acuerdos
de cooperación con la Iglesia Católica española.
5 - Restauración de la acción popular para no dejar a la ciudadanía indefensa frente a
numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los
gobiernos. Ejercicio de la acción popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía
y ampliación de las materias en que pueda actuar.
6 - Implantación de sistemas electorales de listas abiertas y/o desbloqueadas que
refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos.
7 - Reforzar la autonomía de los parlamentarios respecto a los dirigentes de sus partidos,
reformando los reglamentos de las cámaras de modo que los parlamentarios dispongan
de mayores recursos, puedan presentar mociones, y puedan presentar iniciativas (como
enmiendas o preguntas) sin necesidad de autorización de su grupo.
8 – Proponemos la limitación de mandatos por ley, para estimular la renovación de las
cúpulas políticas, a dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno.
9 - Elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o
tergiversen la voluntad ciudadana.
10 - Sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios
privados.
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11 - Potenciar con mayores medios personales las fiscalías de medio ambiente y
urbanismo.
12 - Medidas para evitar el clientelismo en la administración, como retribuir los altos
cargos de libre designación de modo que nunca superen un porcentaje dado de los
ingresos previos y demostrables del candidato.
13 - Democratización interna de los partidos instaurando la obligatoriedad de las
elecciones primarias para nombrar los candidatos a los principales puestos de
responsabilidad política. También se reforzará la protección judicial de los afiliados
frente a expulsiones arbitrarias.
14 - Controles más rigurosos de la financiación de los partidos, buscando una mayor
transparencia del sistema y aumentar su autonomía con respecto a los grandes poderes
económicos.
15 - Crear órganos reguladores independientes de las telecomunicaciones, o reformar
los existentes, para evitar favoritismos partidistas en las concesiones de licencias a los
medios de comunicación privados. También deberán crearse defensores, con capacidad
sancionadora vinculante, de los derechos de los consumidores frente a posibles
arbitrariedades.
16 - Introducir restricciones y controles más estrictos de las campañas de publicidad
institucional.
3 - POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES
1 - Reforma fiscal para conseguir una tributación menos gravosa para los salarios.
Reducción de la presión fiscal por el IRPF al nivel de 2004 mediante la indexación
generalizada de las bases impositivas.
2 - Convergencia en la tributación de las retribuciones salariales y no salariales.
3 - Simplificación del IRPF para aclarar el complicado entramado de deducciones y
bonificaciones aplicables que generan distorsiones en el impuesto. Reducción del
incentivo a la huída del IRPF de quienes pueden acogerse legalmente a la figura de
persona jurídica y tributar su rendimiento por el Impuesto de Sociedades.
4 - Mejora de la tributación de los planes privados de pensiones.
5 - Establecimiento de objetivos de consolidación fiscal plurianuales.
6 - Modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir una cláusula por la
que el déficit permitido de acuerdo a la regla fiscal establecida no pueda financiar
consumo privado sino, necesariamente, inversión pública.
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7 - Creación de un órgano independiente y autónomo de fiscalización del gasto público,
y de un órgano independiente de evaluación de las políticas públicas. Sus dictámenes
serán remitidos al Parlamento.
8 - Reducción del gasto público corriente mediante la supresión de organismos
innecesarios como los Ministerios de Vivienda y Cultura, en la Administración Central,
y las Diputaciones Provinciales, en la Local, y de funciones superpuestas entre las
diferentes Administraciones.
Trabajo y desempleo
9 - Reformas globales en el mercado de trabajo que permitan mejorar la relación de
intercambio entre flexibilidad y seguridad y que no fomenten el intercambio de
flexibilidad por estabilidad. Reducción de la intervención pública en las extinciones de
empleo y de la excesiva judicialización de las relaciones laborales.
10 - Aumentar la eficiencia de la protección por desempleo con un mejor diseño de las
prestaciones y de sus cuantías.
11 - Mejorar la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
12 - Reestructurar la negociación colectiva, ligando más los incrementos salariales a la
productividad.
13 - Creación de un organismo independiente de evaluación de las políticas públicas de
empleo.
14 - Mejorar la flexibilidad horaria de los trabajadores.
15 - Introducir mayor competencia en el sector servicios, incluidos los servicios
públicos.
16 - Asignación al Banco de España de la responsabilidad de establecer anualmente la
previsión oficial de inflación.
17 - Promover una correcta liberalización de los mercados al tiempo que se mejora la
regulación para evitar prácticas anticompetitivas y colusivas que se trasladen a
incrementos de precios. Aumentar la capacidad sancionadora de los órganos
supervisores de los mercados.
18 - Aumentar el gasto en I+D+i, favoreciendo la conexión entre investigación
universitaria y empresa, para incrementar la productividad total de los factores.
19 - Atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.
20 - Mejorar la equidad de la distribución de la renta tanto personal como espacial,
reduciendo las elevadas diferencias que se observan tanto entre personas como entre
comunidades.
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21 - Eliminación de políticas demagógicas de reparto de prebendas a determinados
grupos sociales, de utilización de las inversiones públicas para contentar a los partidos
nacionalistas, o de creación de ayudas que benefician a unos pocos a costa de todos los
demás que tienen que financiarlas.
Inversión en educación e investigación
22 – Para alcanzar el nivel promedio de gasto educativo de la UE, a lo largo de la
legislatura habrá un incremento de ese capítulo equivalente al 0,25 por 100 del PIB
anual.
23 - Atención singular a la Formación Profesional, con la actualización permanente de
las materias que se imparten en función de los avances en la tecnología.
24 - Mejora en los medios y actividad de la Inspección de Trabajo. La plantilla de debe
duplicarse, incorporando especialistas en higiene industrial, ergonomía, psicosociología
laboral y medicina del trabajo.
25 - Establecimiento de prioridades y objetivos del Plan Nacional de I+D, para impedir
que la política científica sea un sistema de reparto entre grupos de intereses.
26 - Creación de Nuevos Institutos de Investigación o Institutos asociados financiados
básicamente mediante proyectos. Tras un periodo de cinco a diez años, las ayudas
públicas a estos Institutos deben dar paso a la autofinanciación mediante contratos con
terceros.
27 - Mejorar la financiación pública de los proyectos de I+D e innovación
perfeccionando el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, desburocratizando su
concesión y suprimiendo la intervención de la administración en la determinación de los
proyectos que pueden ser objeto de desgravación.
28 - Favorecer la extensión de la sociedad de la información en España mediante la
prestación de servicios públicos gratuitos de acceso a Internet vía Wi–Fi para favorecer
la difusión del empleo de las tecnologías de la información, especialmente entre los
jóvenes, sin afectar al mercado de prestaciones elevadas.
Comunicaciones e infraestructuras
29 - Completar la red de autovías, tanto por lo que se refiere a los ejes radiales, como a
los transversales. Avanzar sustancialmente en la red de alta velocidad y altas
prestaciones ferroviarias, completando los grandes ejes e iniciando la apertura de un eje
transpirenaico central a través de Canfranc.
30 - Resolver la cuestión del agua y adoptar decisiones racionales en materia de
planificación y ejecución de trasvases y otras obras hidráulicas, preservando la
cobertura de las necesidades a largo plazo de las cuencas de origen y dando satisfacción
a las carencias de las cuencas de destino.
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Regulación de mercados
31 - Reforma de los órganos reguladores del mercado para fortalecer su autonomía y
profesionalidad. El Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones deben integrarse por profesionales altamente cualificados con
amplia experiencia. Su mandato no debe ser renovable, a la vez que su duración deba
superar la de una legislatura. Su selección se hará por mayoría cualificada del Congreso
de los Diputados entre candidatos sometidos a un examen previo de idoneidad y que no
hayan sido vetados por al menos cincuenta diputados.
32 - Incremento de la competencia en el mercado interior mediante la supresión de
trabas administrativas en los sectores del taxi, transporte de viajeros y oficinas de
farmacia. Supresión de los acuerdos sobre honorarios en los Colegios Profesionales,
singularmente entre los Registradores y Notarios.
33 - Ampliación de los horarios comerciales en orden a facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar.
34 - Supresión de los obstáculos a la movilidad geográfica de los trabajadores derivados
de las exigencias del conocimiento de los idiomas regionales como mérito preferente en
el acceso a los empleos del sector público o de las empresas concesionarias de servicios
públicos, así como de las normas discriminatorias sobre ayudas públicas en razón del
lugar de nacimiento de los solicitantes.
35 - Aligerar y acelerar los procedimientos necesarios para crear una empresa hasta
converger con modelos como el de Dinamarca, donde la creación de una empresa sólo
requiere tres trámites que se realizan en cinco días. Creación de un sistema de registro
de empresas en el que la carga probatoria recaiga en las Administraciones Públicas, de
manera que sean éstas las responsables de verificar el cumplimiento de los diversos
requisitos exigidos en cada momento por la Ley. Rebaja de las tasas a pagar en este
proceso, reducción del número de trámites y de la excesiva dilación temporal que
implica el registro mercantil y la obtención de la licencia municipal.
36 - Creación de una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas con
competencia sobre la supervisión de las licitaciones de obras y contratos a proveedores,
para evitar las prácticas proteccionistas en el ámbito autonómico.
Apoyo a las familias
37 - Atención a los problemas de las familias incrementando la oferta de escuelas
públicas infantiles o mediante conciertos con el sector privado hasta completar la
demanda estimada en 1.570.000 plazas, para lo que será necesario crear medio millón
de plazas anuales.
38 - Potenciar el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, y flexibilización de los
horarios comerciales y de los horarios de apertura de los centros escolares. Revisar los
períodos de vacaciones escolares para adaptarlos mejor a las vacaciones laborales.
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39 – Incrementar el 45 por ciento de la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social
hasta el 75 por 100, a cargo del empleador por la contratación de cuidadores para
familias numerosas, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente ejerzan una
actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados
para trabajar, salvo categoría especial. Se incluye en la bonificación a la asistencia a
mayores de 75 años.
40 - Permiso de paternidad obligatorio de cuatro a seis semanas y posterior al parental
actual que habitualmente se suele escoger por la madre, para evitar que se identifique
este permiso con un coste para el empresario por contratar mujeres.
41 - Reforma del concepto de familia numerosa teniendo en cuenta las situaciones de
dependencia, de manera que incluya las familias en las que convivan con los
ascendientes dos o más hijos, o bien los abuelos en situación de dependencia siempre
que su renta sea inferior al salario mínimo.
42 - Generalización de la percepción de prestaciones familiares por hijos a cargo a todos
los asalariados dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social o a los
funcionarios públicos.
43 - Reducciones fiscales para las familias. Exención fiscal sobre los actos jurídicos
documentados y reducción de los aranceles notariales en las operaciones de conversión
de créditos hipotecarios a tipo variable a créditos a tipo fijo.
44 - Atención a las situaciones de especial vulnerabilidad: en los casos de riesgo de
pobreza o exclusión social, desarrollo de programas de acogida, formación y mejora de
las condiciones sanitarias de inmigrantes en situación de desempleo, drogodependientes,
mendigos y madres gestantes en dificultad social. Apoyo financiero a los centros de
servicios orientados a la atención de personas marginadas atendidos por instituciones
privadas sin fines de lucro.
Violencia doméstica
45 - Ampliación de las casas de acogida y otros servicios de atención y alojamiento
temporal de mujeres maltratadas, o ancianos y menores de edad en similares
circunstancias. Prestación de asistencia letrada gratuita, así como tratamiento
psicológico.
46 - Juicios rápidos para dictar las órdenes de alejamiento previstas en la Ley de
Violencia de Género, tipificando como delito su incumplimiento. Se reformará la ley
para poner fin a la discriminación que implica el establecimiento de penas diferentes en
función del sexo del agresor. En la medida en la que pueda disponerse de recursos
policiales se establecerá la protección de las personas amenazadas.
Pensiones y jubilación
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47 – Preservación del Pacto de Toledo para el sistema de pensiones, evitando
cualquier reforma no acordada mediante consenso de las fuerzas políticas y sociales.
48 - Cambios en la edad de jubilación, dejando libre la opción a que los trabajadores
puedan prolongar su vida laboral por encima de los 65 años y hasta los 70, a tiempo
completo, o los 75, a tiempo parcial. O bien se jubilen a los 65 años voluntariamente.
Eliminación de los sistemas de jubilación anticipada, excepto para los parados de larga
duración. Incremento de los techos de cotización a la Seguridad Social y paralelo
aumento de las pensiones máximas.
49 - Aumento de las pensiones en los casos de viudedad hasta el 90 por 100 de la
pensión a la que tendría derecho el cónyuge fallecido.
50 - Equiparación de las pensiones mínimas no contributivas al salario mínimo.
51 - Incrementar los recursos destinados a dar cumplimiento a la Ley de Dependencia
de manera que, al finalizar la legislatura, se alcance un grado de cobertura del 75 %.
Vivienda
52 – Política de Vivienda: mayor liberalización del mercado de suelo: la construcción
debe ser libre, salvo las restricciones que establezcan los planes municipales en cuanto a
los usos ambientales, patrimoniales, colectivos o de desarrollo urbanístico, soportando
los agentes urbanizadores la realización de las infraestructuras y equipamientos de
manera previa a la construcción de las viviendas. Las Administraciones Públicas
establecerán los topes de edificación y los plazos máximos para edificar, perdiéndose la
facultad de edificar cuando se superen éstos.
53 - Supresión o, en su caso, reducción del impuesto municipal sobre el incremento del
valor de los terrenos con el fin de eliminar los incentivos al racionamiento de la
creación de suelo urbanizable.
54 - Las VPO se destinarán exclusivamente al alquiler, creándose por los
Ayuntamientos servicios u oficinas de gestión de los alquileres. Asimismo, los
Ayuntamientos constituirán Parques Públicos de Viviendas de Alquiler y se establecerá
un procedimiento para la coordinación y el intercambio de información sobre dichos
Parques a fin de facilitar la movilidad geográfica de los ciudadanos.
55 - Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Procedimiento
Civil para agilizar el desahucio en caso de impago de los alquileres.
Inmigración
56 – Revisión de la Ley de Extranjería para mejorar el tratamiento de los inmigrantes
extracomunitarios en materia de permisos de trabajo y de residencia; ampliar el cupo de
extranjeros a cifras realistas de acuerdo con la oferta de puestos de trabajo,
singularmente los de mayor cualificación; establecer la igualdad de derechos sociales y
políticos de los extranjeros con respecto a los ciudadanos españoles, condicionada a la
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reciprocidad del tratamiento de los españoles en los respectivos países; declarar la
improcedencia de las operaciones extraordinarias de regularización.
57 - Creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que gestione,
en cooperación con las Administraciones Locales, la oferta de información de interés
para los inmigrantes de las distintas nacionalidades, la realización de cursos gratuitos
del idioma español y de cultura española, la formación complementaria para la
integración de los menores en el sistema escolar, el apoyo a las asociaciones de
inmigrantes y el asesoramiento en todo tipo de cuestiones relevantes.
58 - Modificación del marco legislativo de la expulsión de extranjeros para facilitar y
acortar los plazos de expulsión de los que hayan cometido delitos o faltas que no
impliquen su ingreso en prisión.
59 - Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los
extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.
Financiación de las Comunidades Autónomas
60 - El privilegio vasco y navarro en materia de financiación debe ser corregido
mediante un cálculo correcto del Cupo y la Aportación. La metodología del Cupo Vasco
supone una infravaloración de 2.060 millones de € anuales en la cantidad que el País
Vasco debe pagar al Estado. En cuanto a la Aportación de Navarra, estimamos una
infravaloración de 644 millones de € anuales.
61 – Revisión de las normas jurídicas que regulan tanto el Concierto Económico de
ambas Comunidades Autónomas, como las metodologías respectivas del Cupo y la
Aportación. En esa revisión se oirá el informe que puedan emitir los aludidos Gobiernos
autonómicos, pero en ningún caso se someterá a un pacto negociable el tratamiento
equitativo en el orden financiero del País Vasco y Navarra con relación a las demás
Comunidades Autónomas.
62 - Catálogo común de prestaciones en educación, sanidad, cultura y servicios sociales
para todas las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la población existente y sus
características demográficas. Dicho catálogo debe considerarse abierto y sujeto a
revisión bianual, en función de los cambios que experimenta la sociedad y la tecnología.
63 - La financiación de las prestaciones incluidas en el catálogo común se realizará
mediante una cesta común de impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas incluye
el 50% del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. La reversión al Estado de cualquier
competencia se compensará con una reducción en el porcentaje cedido del IRPF. La
gestión recaudatoria de los impuestos cedidos corresponderá al Estado a través de la
Agencia Tributaria.
64 - Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios impuestos, tal como
está reconocido actualmente, añadiendo nuevas figuras impositivas de carácter
medioambiental, así como tasas sobre la prestación de servicios, incluyendo los de
carácter sanitario.
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65 - Fondo de Compensación Interterritorial para financiar inversiones con fines de
desarrollo regional en las Comunidades Autónomas más desfavorecidas. Desarrollo de
las exenciones fiscales y otros apoyos al desarrollo en los territorios más
desfavorecidos.
4 – EDUCACION
1 - Devolución al Estado de las competencias en educación para garantizar un sistema
educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en
comunidades autónomas, que seguirán desempeñando tareas de gestión y mantendrán
algunas competencias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un
plan de estudios básico igual en todas ellas.
2 - Reconocimiento legal del derecho a la escolarización en las correspondientes
lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües, y desarrollo de sistemas
educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, para que ambas
lenguas oficiales sean adecuadamente enseñadas y aprendidas.
3 - Aprobación parlamentaria de un Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los
principales partidos parlamentarios con el apoyo de los estamentos y entidades
educativas, que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un
tiempo razonable de al menos 20 años.
4 - Desarrollo legal de la autoridad del profesorado, que deberá tener la condición de
representante de los poderes públicos.
5 - Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice la dotación al sistema de los
medios humanos y materiales necesarios.
6 - Control administrativo en los criterios de admisión del alumnado en los centros
públicos y concertados, protegiendo en lo posible el derecho de los alumnos a elegir.
7 - Educación laica para respetar todas las creencias compatibles con la democracia. En
esta línea, apoyamos la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos
deberán ser consensuados dentro del Pacto de Estado por la Educación. En cualquier
caso, la educación religiosa que pueda impartirse en centros públicos, de acuerdo con lo
que pueda prever el Pacto de Estado por la Educación, se desarrollará fuera del horario
escolar y no será evaluable.
8 - Supervisión pública del contenido de los textos escolares para garantizar que sean
básicamente iguales en lo esencial, congruentes con el plan de estudios y coherentes con
los valores éticos y políticos de la democracia.
9 - Enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años con dos itinerarios básicos: un
Bachillerato sólido y riguroso, considerablemente más largo que el actual y empezado a
edades más tempranas; Formación Profesional que también dará lugar al título de
educación secundaria al finalizar los estudios, haciendo posible el acceso a la
universidad.
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10 - Eliminación de la promoción automática –paso de curso sin aprobar un número
debido de asignaturas- y revalorización normativa del esfuerzo, la disciplina y el respeto
mutuo.
11 - Reforma del acceso a la profesión de profesor de Enseñanza Secundaria que
sustituya al CAP y los másteres previstos actualmente. Para opositar a profesor de
instituto no se exigirá más que el título de licenciado. La formación del profesorado será
posterior al Grado y consistirá fundamentalmente en el ejercicio remunerado de la
docencia durante uno o dos cursos bajo la supervisión de profesores con experiencia y
competencia acreditada.
12 – Racionalización de los criterios de reconocimiento de méritos para acceder a plazas
de profesorado, que deben basarse en la excelencia académica.
Universidad
13 - Establecer, en diálogo con las Universidades, un catálogo oficial de titulaciones,
cuyos contenidos, con las variaciones imprescindibles, sean determinados por
comisiones de expertos en los diversos ámbitos científicos.
14 - Los planes de estudio se diseñarán de acuerdo con el contenido objetivo de los
ámbitos de conocimiento respectivos en su estado actual. La inmediata empleabilidad
del titulado no puede ser el criterio primario que rija todo.
15 – Liberar la reforma universitaria del esquema pedagógico que prima habilidades,
competencias y destrezas sobre la adquisición de conocimientos objetivos. Es
imprescindible delimitar el contenido exacto del crédito europeo y sus equivalencias
con el crédito actual, lo que no requiere directrices pedagógicas determinadas.
16 - Dotar un sistema de becas y créditos suficiente que permita al estudiante emplear
realmente en su trabajo las horas que el crédito europeo le exige.
17 - Establecer procedimientos para que la comunidad universitaria, a la vez que se
somete al control externo, pueda, a su vez, exigir responsabilidades y participar en la
elaboración de los criterios por los cuales va a ser enjuiciada su labor y en la selección
del personal de las agencias (ANECA y otras). La selección debe seguir en cualquier
caso criterios de excelencia libres de ingerencias partidistas y burocráticas.
18 - Sistema mixto de habilitación y acreditación para la selección del profesorado
universitario.
19 – Refuerzo de los criterios de ingreso en la Universidad, reclamando el conocimiento
de alto nivel de una lengua extranjera, preferentemente el inglés, y pruebas específicas
en aquellas titulaciones que las estimen necesarias.
20 – Impulso de la investigación básica, necesaria para el desarrollo de la aplicada, y
máxima flexibilización de la rígida estructura de incentivos para la investigación ahora
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vigente. El profesorado investigador tiene que ser remunerado específicamente por
dedicarse a esta tarea.
21 - Conversión de los contratos laborales anuales del Programa Ramón y Cajal y
similares en contratos de duración indefinida en condiciones profesionales y laborales
homologables a las del resto del profesorado.
5 - POLITICA EXTERIOR
1 –Creación de un Ministerio de Cooperación Internacional y desarticulación de las
agencias de cooperación internacional de las Comunidades Autónomas, porque ésta
debe ser una competencia exclusiva del Estado.
2 - Ratificación del Tratado de Lisboa sobre la reforma de la UE y su entrada en vigor el
1 de enero de 2009, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de ese mismo año.
Apoyamos que los partidos concurrentes nombren candidatos al puesto de Presidente de
la Comisión Europea. Se debe reforzar el papel del Parlamento Europeo en la toma de
decisiones en la UE.
3 – Refuerzo de las relaciones estratégicas con Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia
y Francia, y apoyo al desarrollo de una política bilateral estrecha con los 27 países
miembros de la UE.
4 – Turquía: apoyamos el proceso de reformas y de homologación del Estado turco con
los parámetros democráticos de la UE, así como el proceso de negociación con la UE
iniciado en 2005.
5 – Kosovo: apoyamos el respeto de las fronteras internacionales reconocidas, estamos
contra la independencia unilateral de esa región y, tras producirse éste, planteamos la
retirada de las tropas españolas.
6 – Afganistán: apoyamos el reforzamiento del contingente español, asignado a la
misión de la OTAN desplegada bajo mandato de la ONU.
7 – Oriente Medio: apoyamos el establecimiento de un Estado Palestino democrático
independiente, en paz interna, con Israel y con sus demás vecinos. Congelación de las
donaciones a instituciones controladas por el movimiento integrista Hamás.
8 – Irak: rechazamos las llamadas a la partición en base a las actuales divisiones étnicoreligiosas
entre chiíes, sunníes y kurdos.
9 - Relación con EE.UU: abogamos por un acercamiento a Estados Unidos
públicamente escenificado para superar las heridas abiertas por las acciones de la
administración Bush y del gobierno de Zapatero.
10 - Cumbres Iberoamericanas: revisión de su papel para que no sean escaparate al
servicio de líderes controvertidos que las manipulan a su antojo. Abogamos por
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desarrollar en este campo, y especialmente ahora, una política exterior clara que exija el
respeto a las reglas democráticas y a los Derechos Humanos.
11 - Apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas españolas que quieran invertir
y comerciar en América Latina. Las relaciones con América Latina deben abandonar
actitudes paternalistas y asumir el carácter propio de acuerdos entre socios responsables.
La seguridad jurídica debe ser la base de las relaciones comerciales y políticas entre los
Estados de América Latina, por un lado, y España y la propia UE, por otro. En las
negociaciones de Libre Comercio con América Latina, queremos reforzar el liderazgo
de España en la UE en lo referente a la relación política con la región, y retomar el
desarrollo y la sostenibilidad como ejes centrales de las negociaciones. Apoyamos la
transferencia de tecnología para desarrollar las economías y sociedades de los países
latinoamericanos.
12 – Africa e inmigración: creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de un
departamento exclusivo dedicado a África, con subcategorías especializadas en el
desarrollo humano sostenible de estos países, la organización de los flujos emigratorios
y el desarrollo de la democracia, la paz y el comercio. Política pro-activa para intentar
prevenir situaciones que contribuyan al aumento de los flujos migratorios desordenados,
y para impulsar políticas que permitan una cooperación política, económica y comercial
más equilibrada.
13 – Marruecos: apoyamos el mantenimiento de lazos sólidos basados, sin embargo, en
el completo respeto al marco constitucional español, con el consiguiente fin de las
reclamaciones sobre Ceuta y Melilla. Apoyaremos el uso de la “cláusula democrática”
para, en caso extremo, revocar los acuerdos firmados entre la UE y Marruecos si Rabat
no renuncia a sus reivindicaciones expansionistas sobre los territorios españoles en el
norte de África. Buscaremos además la apertura de aduanas comerciales para Ceuta y
Melilla.
14 –Sáhara Occidental: rechazamos los Acuerdos de Madrid firmados con Marruecos y
Mauritania aprobados en noviembre de 1975 por las Cortes de la Dictadura. Reiteramos
la valía de la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el
derecho a la independencia de las colonias, y la valía de la decisión de la Corte
Internacional de Justicia de octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental, donde se
defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo del Saharaui. Apoyamos la
celebración del referéndum de independencia propuesto por la ONU. Promoveremos el
reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) si Marruecos
sigue bloqueando la celebración del referéndum.
15 - Asia: reforzar el papel de España en los países asiáticos, apoyando el desarrollo de
instituciones democráticas en los países de la zona en transición. Especial atención a las
relaciones con China, que favorezca las posibilidades de las empresas españolas en ese
país al tiempo que se busca desarrollar un dialogo que permita reforzar la defensa de los
Derechos Humanos.
16 - Oceanía: reforzamiento de los vínculos políticos, económicos, comerciales y
culturales con Australia y Nueva Zelanda.
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Organizaciones internacionales
17 - Las más relevantes para España son la ONU, la UE, el Consejo de Europa, la
OTAN y la OSCE. Queremos reforzar el valor de los mecanismos multilaterales a los
que España pertenece, popularizando su importancia en la sociedad.
18 – OTAN: reforzar la actuación española en el seno de la Alianza, que se ha
transformado en un sólido instrumento de cooperación política.
19 - Reformas de carácter democrático en el funcionamiento de instituciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el propio
Consejo de Seguridad de la ONU.
Terrorismo internacional y crimen organizado
1 - La política exterior española debe servir de puente para crear iniciativas coordinadas
con distintos países, entendiendo que el terrorismo y el crimen organizado suponen una
amenaza común y sin fronteras. La lucha contra ETA y Al-Qaeda es un claro ejemplo
de ello. Las redes terroristas internacionales se nutren de los ingresos derivados de
actividades relacionadas con el crimen organizado, tales como el tráfico de armas y de
drogas, y el tráfico de Seres Humanos, entre otras.
2 - Reforzamiento de agencias internacionales como EUROPOL, INTERPOL,
FRONTEX, SECI, MARRI, etc. La política exterior española debe reforzar la
colaboración con distintos organismos y Estados para hacer de la derrota del terrorismo
y del crimen organizado la meta común a conseguir.
Migraciones
1 – Se debe desarrollar una política exterior activa en relación con los países de origen
desde donde las grandes líneas migratorias se dirigen a España: Sudamérica, África,
Oriente Medio y ciertas regiones de Asia son áreas primordiales. La política exterior
debe ser un instrumento para ayudar a regular en lo posible los flujos migratorios, en
coordinación y colaboración con los países en desarrollo y de origen, y combatir
conjuntamente las mafias que transportan emigrantes de manera ilegal.
2 – Proponemos desarrollar una política migratoria en el marco de acuerdos bilaterales
que vayan más allá de la aplicación de un nuevo sistema de visados, e incorporen
medidas que garanticen el fortalecimiento institucional en los países de origen; articular
medidas junto con el resto de la UE; considerar el impacto de la fuga de cerebros en los
países de origen, y establecer códigos de conducta que eviten la descapitalización
acelerada de las sociedades de origen, desarrollando compensaciones o planes de
retorno y circulación de los trabajadores; firmar y ratificar la Convención Internacional
de Naciones Unidas sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus
familias.
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Cooperación internacional al desarrollo
1 - Reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
desvinculándola del Ministerio de Asuntos Exteriores, reduciendo las interferencias
políticas al mínimo posible, favoreciendo la profesionalización de expertos y
cooperantes en este campo, desarrollando objetivos de desarrollo a largo plazo, e
imponiendo sistemas independientes de evaluación/auditoría que permitan valorar de
manera objetiva el resultado/impacto/beneficio de los proyectos.
2 – Creación de un Ministerio independiente de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, y desmantelamiento de las distintas agencias autonómicas de Cooperación
Internacional, defendiendo este campo como exclusivo del Estado.
6 - TERRORISMO, SEGURIDAD Y DEFENSA
1 - La política antiterrorista requiere un cambio radical. Con respecto a ETA, su
objetivo debe ser su derrota, y el gobierno debe renunciar a cualquier diálogo de
carácter político con ella. Deben adoptarse medidas que perfeccionen el marco jurídico
y tomen en consideración los aspectos políticos del terrorismo, además de luchar contra
su financiación. Todo en el marco de un nuevo pacto de Estado al que puedan adherirse
todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de carácter
democrático.
2 – Reforma del Código Penal para calificar los crímenes terroristas como crímenes
contra la humanidad, declarando así su carácter imprescriptible y su sometimiento a
jurisdicción universal.
3 - Reforma de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo para
agilizar las actuaciones referidas al empleo de fondos públicos en la financiación de
organizaciones terroristas o vinculadas con ellas.
4 - Ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción
Nacionalista Vasca (ANV). En el caso de ANV, la ilegalización debe acompañarse de la
disolución de los 44 ayuntamientos que controla esta organización.
5 - Revisión de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo con objeto de
extender sus ayudas y reconocimiento a las víctimas recientes, revisar las cuantías de las
indemnizaciones por responsabilidad civil y reforzar las ayudas a las organizaciones y
asociaciones de víctimas.
Seguridad
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1 – Homologación progresiva de las retribuciones de las fuerzas de seguridad del Estado
–Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil- con las de las policías autonómicas,
Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, y policías locales.
2 - Mejorar la situación de los suboficiales de la Guardia Civil, y resolver las trabas y
obstáculos que impiden a los jefes de unidad conciliar la vida laboral con la familiar.
3 - Resolver definitivamente la coordinación de cuerpos policiales y del intercambio de
información a tiempo real, mediante la instauración de un Mando Unico auténtico,
también con autoridad sobre las policías autonómicas.
4 – Desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que debe converger
paulatinamente con el de los demás cuerpos policiales. Avanzar en la unificación de
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en un cuerpo único.
5 – Instalación de cámaras en las dependencias policiales para grabar, bajo control
judicial, los interrogatorios a los detenidos, previniendo la comisión de malos tratos
físicos y psicológicos, que en caso de producirse deben ser juzgados y sancionados
severamente. En el mismo sentido, reforma del Código Penal para considerar delito las
denuncias falsas de torturas o malos tratos en dependencias policiales.
Defensa
1 – Aumento progresivo del gasto en defensa para conseguir la homologación de las
retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas con los de técnicos
comparables de la Función Pública del Estado, y para la dotación adecuada de equipos
y medios materiales cumpliendo los estándares exigidos por la OTAN.
2 - Conversión de los puestos de soldados y marineros profesionales en ocupaciones
atractivas y laboralmente dignas, orientada a la articulación, por Ley Orgánica, de una
carrera profesional militar completa, integrada y definitiva.
3 – Regulación del Derecho de Asociación para los profesionales de las Fuerzas
Armadas. Homologación del Código Penal Militar con el Código Penal en aquellos
artículos y procedimientos que puedan implicar discriminación injustificada o
menoscabo de los derechos constitucionales.
7 - SANIDAD
1 - Recuperar como competencia exclusiva del Estado la determinación de la cartera de
servicios y prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos de España y la garantía de
igualdad de las prestaciones sanitarias en cualquier parte del territorio nacional.
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2 - Impulsar medidas legislativas que homogenicen aspectos básicos de la relación
jurídica del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud.
3 - Procurar un marco retributivo común básico, respetando aquellas diferencias que
tiene su justificación en la distinta dedicación al sistema o en factores relacionados con
pactos de objetivos o la implantación de sistemas de carrera y desarrollo profesional.
4 - Profesionalizar la gestión técnica de los recursos sanitarios, promoviendo medidas
tendentes a la regulación del estatus del personal formado en el área de gestión sanitaria,
dando estabilidad y continuidad al ejercicio de sus funciones, minimizando al máximo
el impacto que sobre las mismas tienen los cambios políticos cíclicos, aplicando
criterios profesionales y técnicos en la valoración de la gestión sanitaria.
8 - CULTURA
1 - Corregir la excesiva trama de subvenciones a iniciativas privadas sostenidas con
fondos públicos, incentivando la utilización de las infraestructuras culturales y un
mayor compromiso empresarial de las productoras, sustituyendo las subvenciones
públicas por créditos blandos y/o subvencionados, o por incentivos en los gastos de
establecimiento y compromiso fiscal.
2 - Acentuar el carácter de coordinador ínter-agencias del Gobierno central para
optimizar los recursos puestos a disposición de las distintas Comunidades Autonómicas.
3 - Propugnar una fiscalidad específica para la actividad cultural que consiga un proceso
de armonización de las rentas irregulares propias de los autores y artistas.
4 - Proyectar la lengua española en el mundo, activando los recursos del Instituto
Cervantes para potenciar su actividad de producción y exhibición de bienes y servicios
culturales en español, promoviendo la presencia del español en Internet y redes de
telecomunicación.
5 - Medidas para potenciar el binomio Turismo-Cultura, en coordinación con las
diferentes autoridades competentes en materia de turismo, grupos empresariales y con
las Comunidades Autonómicas.
6 – En los medios de comunicación públicos, adopción del modelo de televisión pública
educativa y formativa. Potenciar el acceso a Internet como herramienta de información
y trabajo dentro del ámbito educativo y cultural. Atención preferente a la programación
de TVE Internacional, y digitalización del fondo audiovisual de RTVE y acceso libre a
sus recursos.
7 –Desarrollo de nuevas leyes específicas sobre Mecenazgo y Fundaciones. Creación de
la Ley de la Música y la Ley del Teatro. Plan de Garantías Sociales para profesionales
del arte y la cultura, equiparando las prestaciones sociales a las del resto de autónomos y
trabajadores por cuenta ajena.
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8 - Nueva Ley de Propiedad intelectual que incluya medidas legislativas, formativas, de
cooperación internacional y policiales en la lucha contra la piratería.
15 – Derogación del actual Canon Digital y sustitución por otro sistema que, sin
penalizar universalmente a los usuarios con una tasa injusta por productos que no
consumen, garantice a los creadores y gestores de la propiedad intelectual la debida
retribución por los productos y servicios consumidos a través de las nuevas tecnologías
de comunicación y reproducción, gestionada por un organismo público.
9 – MEDIO AMBIENTE
1 - Políticas del Agua: el agua, un bien escaso, debe ser reconocido como recurso
estratégico de primer orden. Se reforzará el papel de las Confederaciones Hidrográficas
frente a las presiones excesivas de las Comunidades Autónomas. Control exclusivo por
parte del Estado de cualquier competencia hidráulica. Políticas de ahorro, de equilibrio
inter e intracuencas y ordenación y regulación conjunta de cuencas. Los transvases
dentro de la misma cuenca hidrográfica se autorizarán exclusivamente con fines de
equilibrio hidrográfico, abastecimiento de la población y regeneración de acuíferos en
caso de excedentes. Construcción de Plantas Desaladoras sólo donde no sea posible
garantizar el abastecimiento de agua de otro modo. Adaptación progresiva de las
explotaciones agrícolas e industriales a los recursos hídricos regionales, estimados
según una media temporal amplia de varios ciclos hidrológicos e hidrogeológicos.
2 - Política Energética: consideramos necesaria una política energética integral.
Reclamamos un debate transparente, objetivo y riguroso sobre energía, incluyendo la
nuclear y manteniendo, entre tanto, las centrales nucleares existentes con las debidas
garantías de eficiencia y seguridad.
3 – Derogación de la moratoria nuclear que impide adoptar una decisión política sobre
el futuro uso de la energía nuclear. Apoyo decidido a las energías renovables desde el
punto de vista legislativo, normativo y fiscal; mecanismos para garantizar la calidad del
abastecimiento, previniendo los apagones masivos que afectan a determinadas áreas del
territorio; rechazamos la implantación de equipamientos energéticos improvisados, de
gran impacto medioambiental y socioeconómico, que pueden responder más a intereses
políticos partidistas locales que a estrategias energéticas nacionales.
4 - Ecosistemas y Biodiversidad: es urgente impedir la sobreexplotación de los recursos,
la contaminación, la destrucción de los entornos naturales y la pérdida de diversidad
biológica. Políticas de protección, conservación y restauración de los hábitats de vida
silvestre, desarrollo sostenible de los bosques (incluyendo una lucha activa contra los
incendios forestales), el suelo y el paisaje, y aumento de la presión y la lucha contra los
delitos ecológicos; incentivar la reforestación con especies autóctonas; eliminar las
subvenciones que fomentan prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles; control
medioambiental en la aplicación de biocidas, tanto en las prácticas agrícolas y forestales
como en el medioambiente urbano.
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5 - Política de Costas de ámbito Nacional y finalización de los deslindes del área litoral,
impidiendo desarrollos urbanísticos contra el Medio Ambiente; proteger y restaurar los
hábitats marinos y el litoral, e incluirlos en la red Natura 2000; consensuar una Política
Nacional única contra el Maltrato Animal.
6 - Cambio Climático Global: existen evidencias suficientes de la elevación de la
temperatura del Planeta, sin discutir su origen antropogénico o la posibilidad de revertir
o no la situación. Por tanto es necesario informar de forma rigurosa sobre los posibles
efectos del Cambio Climático (vs. Cambio Global) e impedir el uso alarmista y
partidista de los informes de IPCC.
7 - Reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, eliminado los
incentivos al uso de tecnologías con altas emisiones de partículas. Control integrado de
la contaminación, con ampliación de los inventarios nacionales de emisiones y revisión
del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (2008-2012). Estimular el
estudio de posibles sumideros de CO2.
8 - Medioambiente Urbano: reducir el impacto medioambiental negativo de las
aglomeraciones humanas y mejorar la calidad de la vida en las ciudades y en el medio
ambiente cercano. Aplicación de las normas sobre calidad del aire y estudiar nuevas
estrategias contra la contaminación atmosférica, los metales pesados, los campos
electromagnéticos y otras amenazas medioambientales.
9 - Aplicar la Directiva Europea sobre el ruido y la contaminación acústica. Favorecer la
arquitectura bioclimática, incentivando los desarrollos urbanísticos integrados en el
paisaje y reducir la contaminación lumínica. Estimular el uso de envases ecológicos no
dependientes del petróleo. Impulsar el uso de vehículos eléctricos dentro de las
ciudades. Urgir el proceso de soterramiento de las líneas de alta tensión en áreas
urbanas y progresivamente, en el resto de espacios interurbanos.
10 - Políticas de Gestión de Residuos y Reciclado: implementar políticas eficaces y de
gestión eficiente del volumen, cada vez mayor, de residuos de todo tipo mediante
políticas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Homogenizar la aplicación que de
la Ley Nacional de Residuos Urbanos (10/98, de 21 de abril) efectúan las diferentes
Comunidades Autónomas.
10 - REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1 – Proponemos una ley-compromiso parlamentario por el que los partidos políticos
garanticen que sus dirigentes y candidatos obtienen la adecuada formación y
experiencia en la dirección y gestión de los asuntos públicos.
2 - Un órgano de prospectiva y estrategia dependiente de la Presidencia del Gobierno,
que permita adelantarse y no ir a remolque de las amenazas y riesgos en una sociedad
compleja y globalizada.
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4 – Una organización del Gobierno racional y sin improvisaciones, donde por Ley se
determine el nombre y las competencias de cada departamento ministerial; el Presidente
del Gobierno tendrá plena capacidad para asignar las vicepresidencias, en su caso, a los
departamentos ministeriales que considere oportuno, y para nombrar ministros sin
cartera con funciones específicas no asignadas a ningún departamento.
6 - Pacto de Estado sobre el modelo de Administración pública que promueva su valor
como bien social común que trascienda la política partidista para lograr una adecuada
separación Administración-Política. Para esto, aumentar el control, la transparencia y el
rendición de cuentas, con un acceso gratuito (teléfono, Internet, correo electrónico y
ordinario) para que cualquier ciudadano pueda hacer llegar denuncias de
malfuncionamiento o posible corrupción.
9 – Reforzar el papel coordinador del Estado, no sólo en sus competencias materiales
propias sino respecto a sus facultades de evaluación y de “alta inspección” sobre las
competencias que ejercen otras Administraciones. El Estado deberá contar, al menos,
con instrumentos similares a las que dispone la Comisión europea respecto a las
Administraciones nacionales.
10 – Carrera administrativa basada en criterios objetivos y comunes que garanticen la
igualdad en el acceso a la función pública y promoción interna, fomente la excelencia
en su desempeño, la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación de
sistemas de evaluación comunes a todas las Administraciones públicas que permitan
una valoración comparativa y objetiva de la función pública por parte del ciudadano.
Igualmente se determinará el objetivo de la equiparación salarial por grupo
profesional/funcionarial, de tal manera que las diferencias salariales entre las
Administraciones locales, autonómicas y General del Estado no superen el 10%.